Santo Domingo. – El entramado de corrupción destapado en la ARS SENASA revela con crudeza la existencia de un modelo que no es nuevo en nuestro país: el kleptocapitalismo, una práctica que desangra al Estado y limita el desarrollo de la nación.
En esta ocasión, empresas privadas, en complicidad con el destituido gerente de la aseguradora estatal, asaltaron las finanzas de la entidad mediante contratos mafiosos, sobrevaluados entre dos y cuatro veces su precio real. Dichos contratos abarcan vacunas, medicamentos, materiales gastables, suplementos nutricionales y contratos de asignaciones de personas y prestaciones en pago fijo mensuales por cada afiliado asignado. Para encubrir estas maniobras, se llegó a utilizar incluso una doble contabilidad intencionada.
Este esquema es muy similar al que vimos en gobiernos anteriores, con la familia Medina y
allegados, y responde a un patrón histórico: el sector privado utiliza su influencia política para apropiarse de instituciones públicas y recursos del Estado a través de contratos fraudulentos.
El kleptocapitalismo —un sistema en el que empresarios y políticos se coluden para desviar
recursos públicos hacia fortunas privadas— se consolidó tras la caída de la dictadura de Trujillo y fue profundizado durante los gobiernos de Leonel Fernández, extendiéndose hasta la actualidad. Bajo este esquema, las élites económicas financian campañas electorales de
partidos tradicionales a cambio de contratos, privilegios y nombramientos estratégicos,
garantizando así el enriquecimiento de unos pocos a costa del pueblo.
El caso SENASA es especialmente grave: se trata de la principal aseguradora de salud del país, que afilia a más del 70% de la población. Miles de dominicanos y dominicanas han visto
negados o retrasados servicios médicos y medicamentos, mientras empresas y particulares se
enriquecen ilícitamente. El resultado es que la corrupción no sólo vacía las arcas públicas:
también compromete la salud y la vida de millones.
Este modelo perverso alimenta el déficit y el endeudamiento público. Lo vimos en la
privatización eléctrica: tras 27 años, los presupuestos y facturas se han multiplicado, mientras
persisten las deficiencias del servicio. Es el mismo círculo vicioso: las empresas financian
campañas, reciben contratos millonarios fraudulentos, generan déficit y terminan utilizando los
mismos recursos apropiados al Estado para seguir enriqueciéndose.
La República Dominicana necesita romper este círculo. El Estado no puede seguir siendo una
caja registradora de la corrupción y la codicia empresarial. La política debe volver a estar al
servicio del pueblo y no de los intereses privados.
Pongamos fin al modelo kleptocrático. Las empresas deben existir para competir en el
mercado, generar empleos y desarrollo, no para enriquecerse de manera fraudulenta a costa
de los bienes y derechos del pueblo.
