Miami (16 de abril de 2026) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su profunda preocupación y enérgica condena ante la escalada de acciones judiciales y administrativas en Ecuador contra el Grupo Granasa, empresa editora de los diarios Expreso y Extra, en un contexto que revela un preocupante deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa en el país.
En los últimos días, la situación ha alcanzado un nuevo nivel de gravedad con la denuncia penal por presunta asociación ilícita contra varios directivos de Granasa, presentada por el liquidador de la empresa Veranera S.A., Carlos Xavier Cadena Asencio, en el marco de una disputa por el control del 40% del paquete accionario de la compañía, según informó Expreso.
Entre las personas señaladas en el proceso se encuentra Ingrid Francisca Martínez Leisker, accionista de la empresa, cuya participación es objeto de controversia en el litigio societario en curso. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Guayas e incluye también a su presidente ejecutivo, Galo Martínez Leisker y a otros seis directivos del grupo editorial: José Gabriel Martínez Castro, Eduardo Carmigniani Valencia, Carlos Alfonso Martínez, Felipe Eduardo Terrero Martínez y Michelle Andreina Villamar Guerrero, además de la mencionada Ingrid Francisca Martínez Leisker.
La denuncia no puede analizarse de manera aislada ni exclusivamente bajo una óptica mercantil o penal. Por el contrario, forma parte de un proceso más amplio que combina acciones judiciales, administrativas y regulatorias que, según diversas denuncias, buscan incidir en la estructura de propiedad y, potencialmente, en la línea editorial de uno de los principales grupos periodísticos del país, según ha documentado la SIP.
El conflicto se origina en un intento de revertir la transferencia de acciones realizada hace varios años, lo que ha derivado en una cadena de actuaciones institucionales —incluyendo intervenciones de la Superintendencia de Compañías, decisiones judiciales y ahora denuncias penales— que han sido cuestionadas por su rapidez, coordinación y efectos acumulativos, de acuerdo a informes de prensa.
Además, el propio Grupo Granasa ha denunciado un “escenario complejo para la libertad de expresión”, señalando que las instituciones del Estado estarían siendo utilizadas como herramientas de presión política, en un contexto donde medios críticos han enfrentado previamente investigaciones por supuestos delitos financieros que no prosperaron.
En paralelo, acciones simbólicas como portadas en blanco de los diarios Expreso y Extra han buscado alertar a la opinión pública sobre lo que consideran un patrón de hostigamiento que trasciende lo judicial y se proyecta como un intento de control o condicionamiento editorial.
“El uso del sistema penal y de los organismos de control para dirimir disputas que involucran a medios de comunicación genera un efecto inhibidor profundamente dañino para la libertad de prensa. Este tipo de acciones no solo afecta a una empresa, sino que envía un mensaje de intimidación a todo el ecosistema informativo”, afirmó Pierre Manigault, presidente de la SIP y del grupo Evening Post Publishing Inc., con sede en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, subrayó: “Nos preocupa especialmente la acumulación de medidas —administrativas, judiciales y ahora penales— que, en conjunto, pueden derivar en una forma indirecta de censura. La independencia editorial no puede verse condicionada por presiones estructurales desde el poder”, destacó Ramos, Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM).
La organización hace un llamado urgente a las autoridades ecuatorianas para que garanticen el respeto irrestricto a los principios del debido proceso, la seguridad jurídica y la libertad de expresión, evitando el uso de figuras penales ambiguas o desproporcionadas que puedan derivar en la criminalización del ejercicio periodístico o en la intervención indebida de medios de comunicación.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
