Por Olmedo Jáquez / Abogado y comunicador
El camino hacia el certamen electoral de 2028 coloca a la República Dominicana ante una
dualidad: por un lado, posee herramientas normativas actualizadas y, por el otro, enfrenta la advertencia de que las regulaciones no operan por sí solas sin una sólida cultura ciudadana y partidista. Con las elecciones municipales fijadas para el 20 de febrero y las
presidenciales y congresuales para el 21 de mayo (con una eventual segunda vuelta el 25 de junio), la agenda institucional plantea la enorme tarea de salvaguardar la autonomía de los comicios locales, evitando que se reduzcan a un simple termómetro o antesala de la disputa por el Poder Ejecutivo.
Aunque la Ley núm. 20-23 robustece las facultades de la Junta Central Electoral para
dirigir y fiscalizar los procesos bajo criterios de transparencia, el verdadero reto nacional
radica en el acatamiento efectivo de las reglas por parte de todos los sectores, desde las
organizaciones políticas hasta las corporaciones económicas y las plataformas digitales. El
debate en los municipios debe rescatar su esencia y centrarse en la gestión comunitaria,
como los servicios públicos y el ordenamiento vial, en lugar de diluirse en consignas
nacionales.
Paralelamente, la equidad en la contienda exigirá una supervisión rigurosa del
gasto político y de la propaganda a destiempo, buscando un equilibrio institucional que
impida tanto la impunidad como la discrecionalidad.
Por otra parte, la resolución de conflictos descansará en la Ley núm. 39-25, que rige al
Tribunal Superior Electoral. Ante un escenario donde se dirimirán desde alianzas hasta
impugnaciones de actas, la justicia electoral está obligada a actuar con una celeridad e
independencia incuestionables para evitar daños institucionales permanentes.
Asimismo, la
gestión técnica de la JCE frente al escrutinio y la transmisión de datos requerirá una
comunicación pedagógica y certera, capaz de neutralizar las campañas de desinformación
en el entorno digital.
Finalmente, la contienda de mayo no puede limitarse a la confrontación emocional; la
sociedad debe exigir debates profundos sobre temas estructurales como la economía, la
salud, la educación y la institucionalidad.
El proceso de 2028 no es una simple carrera entre partidos, sino un examen general a la madurez democrática dominicana. Las reformas legales son valiosas, pero el verdadero progreso institucional ocurrirá cuando los actores políticos transformen los mandatos de la ley en conductas cotidianas, asumiendo que la legitimidad del triunfo depende estrictamente del respeto a las reglas del juego.
