La Federación de Mujeres Empresarias Domínico-Internacional (FEM) valora positivamente la decisión de la Junta Monetaria, adoptada en su sesión del pasado 13 de junio, mediante la cual se aprobó un programa de provisión de liquidez por un monto de RD$81,000 millones. Esta iniciativa, orientada a crear condiciones monetarias favorables y a fomentar el dinamismo económico, representa una oportunidad estratégica para impulsar sectores productivos clave en el país.
Desde la FEM, saludamos esta medida como un paso relevante en el camino hacia la reactivación económica. No obstante, advertimos que el verdadero impacto de estos fondos dependerá de su distribución efectiva, equitativa y con enfoque de género. En tal sentido, reiteramos la urgencia de que estos recursos lleguen al tejido empresarial que históricamente ha enfrentado mayores obstáculos para acceder al crédito formal: las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), particularmente aquellas lideradas por mujeres.
Este segmento del aparato productivo, esencial para la generación de empleos, la resiliencia social y el desarrollo territorial, requiere políticas activas que reconozcan sus desafíos estructurales. Por ello, desde la FEM exhortamos a las autoridades económicas, al sistema financiero nacional y a los organismos reguladores a implementar mecanismos claros, transparentes y con criterios diferenciados que aseguren el acceso real y justo de las mujeres empresarias a estos recursos.
Acompañamos este llamado con una firme propuesta: establecer controles y líneas de seguimiento que permitan monitorear la asignación de los fondos, incorporando indicadores de impacto con enfoque inclusivo y territorial. Asimismo, insistimos en la necesidad de fomentar instrumentos financieros adaptados a la realidad de las MIPYMES lideradas por mujeres, como parte de una estrategia nacional de crecimiento sostenible.
La presidenta de la FEM, Rossy Escotto Minaya, reafirma el compromiso de la organización de continuar promoviendo alianzas, articulando esfuerzos y acompañando a sus socias para que sean protagonistas de esta oportunidad de recuperación económica. Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante sobre el uso de estos recursos. Es responsabilidad de todos velar porque estos fondos públicos cumplan su finalidad: reactivar la economía dominicana de forma inclusiva, sostenible y con justicia social.
