Por Yanet Girón
El día de ayer, domingo 30 de marzo, se realizó una concentración pacífica en la República Dominicana contra los haitianos ilegales, en el Hoyo de Friusa, en Bávaro. Con esta marcha se exige que las autoridades tomen cartas en el asunto y deporten a los haitianos ilegales o que ellos mismos se salgan del país. A pesar de los esfuerzos por aparentar que están deportando a los haitianos, la realidad es que deportan uno y vienen 100. Muchas veces, estos procesos parecen más un simulacro, en los que, por debajo de la mesa, se les cobra dinero a los deportados para dejarlos escapar nuevamente.
No obstante, muchas autoridades, empresarios y personas con poder en el país, supuestamente buscan a estos haitianos ilegales para que trabajen en sus empresas, fincas, casas de familia, entre otros. Supuestamente lo hacen para pagarles menos salario de lo que corresponde, muchas veces abusando de ellos, y, en muchos casos, los despiden sin pagarles lo que les corresponde de prestaciones y sueldos pendientes. Prefieren abusar de los ilegales, que no pueden reclamar porque no tienen documentos, en lugar de contratar a dominicanos, pues saben que deben pagarles jornadas de por lo menos el sueldo mínimo como lo establece el código laboral.
Lamentablemente, esto es un arma de doble filo, y las autoridades parecen hacerse de la vista gorda. El gobierno ofrece informaciones de que está tomando medidas, pero lo que realmente vemos son acciones vacías. El día de ayer, la marcha fue bloqueada. A pesar de que la convocatoria se realizó para marchar hacia el Hoyo de Friusa, donde supuestamente se concentraba la mayor parte de los haitianos ilegales en la región Este, las autoridades no permitieron que los manifestantes llegaran a ese lugar, pese a que se habían comprometido a hacerlo.
Durante la marcha, los manifestantes fueron reprimidos con bombas lacrimógenas, y, a pesar de no ser agresivos, las autoridades pusieron un perímetro que no permitieron que se cruzara, y no llegaron a su destino. Se argumentó que no se podían traspasar ciertos límites establecidos por Interior y Policía, pero no se puede comparar un espacio público, como una calle, con lugares privados como el Palacio Nacional. Esta fue una excusa barata para impedir la marcha pacífica de los ciudadanos que simplemente exigían justicia.
Otro tema grave es la falta de control sobre los haitianos ilegales en el país. Supuestamente, muchos empresarios y autoridades contratan haitianos ilegales para trabajos de mano de obra barata, como limpiar fincas, cuidar propiedades y trabajar en casas de familias, sin pagarles lo que realmente merecen. Además, existe supuestamente una mafia que cobra dinero a estos haitianos para permitirles quedarse en el país o para liberarlos cuando son detenidos. A pesar de los esfuerzos del gobierno para detenerlos, estos haitianos ilegales siguen regresando con facilidad, gracias a esta red de tráfico.
Además, en cuanto a los servicios médicos públicos, la situación es insostenible. Los haitianos ilegales, a menudo sin documentos, se denuncia que tienen más facilidad para acceder a los servicios de salud, mientras que los dominicanos deben cumplir con requisitos estrictos. Esto está afectando la calidad del servicio para los ciudadanos dominicanos, quienes ven cómo se les dan preferencias a los extranjeros en detrimento de sus propios derechos.
Es importante dejar claro que no estamos en contra de los haitianos legales. Ellos son seres humanos con derechos, igual que cualquier otra persona. Sin embargo, no podemos ignorar la invasión silenciosa que estamos viviendo. Ningún país puede tolerar que su territorio sea invadido de esta forma. Las autoridades deben asumir su responsabilidad y poner fin a esta situación que está afectando a todos los dominicanos.
El país está en una encrucijada, y si las autoridades no toman acción inmediata, la situación se desbordará. Los dominicanos estamos cansados de vivir con miedo, de ver cómo nuestra tierra es invadida sin control. Las autoridades deben actuar ya, antes de que sea demasiado tarde.
