Miami (5 de junio de 2025) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebra el reciente fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica como un importante precedente en defensa de la libertad de prensa y del derecho de los periodistas a ejercer su labor sin discriminación ni estigmatización por parte del poder público.
El tribunal constitucional, conocido como Sala IV, resolvió por unanimidad a favor de 3 periodistas locales en dos recursos de amparo presentados contra el gobierno del Presidente Rodrigo Chaves en el que aludían violaciones a la libertad d prensa y el derecho de acceso a la información, según informes de prensa.
En el primer caso, el periodista Guzmán Suárez reportó que el 30 de julio de 2024, mientras participaba en una conferencia de prensa sobre la “Ley Jaguar”, el presidente de la República lo interrumpió de forma abrupta y elevó el tono de voz con el propósito de impedir que continuara con su pregunta. Asimismo, el 11 de septiembre de ese mismo año, los periodistas Bolaños Acuña y Chavarría Hernández, de los medios Radio Interferencia y Doble Check, fueron rodeados por agentes de la Unidad de Protección Presidencial dentro de Casa Presidencial, cuando intentaban formular repreguntas al presidente y a la ministra de la Presidencia respecto al proyecto de ley de jornadas laborales 4×3, según información de la prensa local.
La Sala Constitucional resolvió a favor de los periodistas en ambos recursos de amparo, al considerar que se vulneró la libertad de prensa. En el primer caso, condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, que deberán determinarse en sede contenciosa administrativa. En el segundo, relacionado con la interrupción al periodista Guzmán Suárez, la Sala también falló a favor del recurrente, pero limitó la condena al Ministerio de la Presidencia, sin ordenar compensación económica, y eximió de responsabilidad al Ministerio de Comercio Exterior.
Esta resolución judicial confirma lo que una misión de la SIP verificó en enero pasado durante una visita al país, donde se evidenció una «preocupante degradación del ambiente de libertad de prensa», incluyendo prácticas gubernamentales de estigmatización contra medios y periodistas críticos. La misión también documentó cómo el discurso oficial ha generado un clima de hostilidad y autocensura en ciertas redacciones.
La SIP ya había celebrado una decisión anterior del mismo tribunal, dictada en mayo de 2023, en la que la Sala Constitucional destacó que «ciertas expresiones y vocablos usados por los funcionarios no se justifican y sí constituyen un exceso, por lo que podrían promover el hostigamiento contra los medios y periodistas aludidos». El tribunal costarricense había concedido un recurso de amparo de Jason Ureña, periodista del periódico digital CRHoy, ante los agravios proferidos por el presidente Chaves y la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, durante una conferencia de prensa en enero de ese año. El mandatario llamó «sicarios políticos» a reporteros allí presentes, incluyendo a los del diario La Nación y el canal Teletica.
“Este fallo de la Sala Constitucional no solo hace justicia a los periodistas afectados, sino que también marca un hito regional contra la estigmatización desde el poder. Es un precedente clave para proteger la libertad de prensa en contextos democráticos que enfrentan discursos autoritarios”, señaló el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, director editorial de de la Organización Editorial Mexicana, destacó: “Costa Rica tiene una tradición democrática que hoy se ve fortalecida con este fallo. Es un mensaje claro para toda América Latina: los gobiernos no pueden castigar con el silencio a quienes hacen preguntas incómodas”.
En su reciente reunión de medio año, celebrada en abril de 2025, la SIP aprobó una resolución especial contra la estigmatización de periodistas desde el poder, en la que advirtió sobre el creciente uso de discursos estigmatizantes por parte de funcionarios públicos para desacreditar a medios y reporteros, y llamó a los Estados a abstenerse de incurrir en prácticas que puedan fomentar el odio o la violencia contra la prensa. El caso de Costa Rica fue citado como un ejemplo preocupante de esta tendencia.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
