Por Roberto Monclús
Luis Abinader impuso su voto para desvincular a tres magistrados de la Suprema Corte de Justicia. La decisión, aunque no violó la ley, marca un hito político y jurídico en la historia del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Es un acontecimiento que reaviva el eterno debate sobre la independencia judicial en la República Dominicana.
El CNM fue creado tras la crisis política de 1994, como fruto de una reforma constitucional que buscaba sacar al Senado de la designación de los jueces. Aquella reforma nació con la intención de blindar la justicia frente al poder político. Pero tres décadas después, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿valió la pena el cambio?
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) había advertido recientemente que se respetara la carrera judicial y la estabilidad de los magistrados. No se trataba solo de un reclamo técnico, sino de un recordatorio ético: la justicia no puede depender de los intereses de un presidente, ni de los vientos políticos del momento.
El Consejo, presidido por Luis Abinader, entendió sin embargo que debía actuar. Y lo hizo. Formalmente, no hubo ilegalidad. Pero el simbolismo es innegable: por primera vez desde su creación, un mandatario impone tan visiblemente su criterio en la composición de la Suprema Corte de Justicia, reafirmando que la independencia del Poder Judicial sigue siendo más un ideal que una realidad.
La historia reciente demuestra que ningún gobierno ha sido completamente ajeno a esta tentación. Durante el mandato de Leonel Fernández, la Suprema Corte de Justicia estuvo presidida por Mariano Germán, un jurista cercano al poder político de entonces. En la era de Danilo Medina, el liderazgo recayó en Luis Henry Molina Peña, también considerado una figura vinculada al oficialismo. Y más atrás, en los tiempos de Joaquín Balaguer, Jorge Subero Isa fue visto con simpatía por el propio líder reformista.
La tendencia es clara: cada presidente ha buscado tener una Suprema Corte que interprete la ley con un matiz compatible con su visión de Estado. Luis Abinader, al imponer su voto, no rompe la tradición, sino que la actualiza en el contexto de un país que clama por institucionalidad.
El mandatario, que pasará a la historia como el defensor de la “cláusula pétrea” —esa parte intocable de la Constitución que juró no modificar—, parece decidido a dejar también su huella en el sistema judicial. Algunos lo ven como un acto de liderazgo; otros, como un paso hacia la concentración del poder.
El expresidente Danilo Medina, en su época de esplendor, decía con emoción que deseaba un Congreso que respaldara sus iniciativas. Lo consiguió. Hoy, Abinader parece buscar algo similar con el Consejo Nacional de la Magistratura: no una confrontación, sino una estructura que respalde su proyecto político desde la institucionalidad.
La oposición, por su parte, no tiene autoridad moral para reclamar. En sus años de poder también se repartió las altas cortes, incluyendo la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral. Lo que hoy se condena fue, en su momento, parte de su propio método de control.
El CNM, que nació para equilibrar poderes, se ha convertido nuevamente en un escenario de tensiones políticas. Cada decisión que toma refleja hasta qué punto la independencia judicial continúa siendo un desafío pendiente.
Luis Abinader ha querido demostrar firmeza. Pero su decisión abre un debate profundo sobre el límite entre la autoridad presidencial y la autonomía de la justicia. Quizás el tiempo determine si este paso fortalecerá el Estado de derecho o si será recordado como un episodio más en la larga historia del control político sobre los tribunales.
Lo cierto es que la historia acaba de registrar otro capítulo: el día en que el presidente Luis Abinader impuso su voto y reconfiguró el poder dentro del Consejo Nacional de la Magistratura.
