SANTO DOMINGO, Rep. Dom.- El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional emitió una sentencia definitiva (la 249-04-2025-SSEN-00021) que declara la extinción de la acción penal contra el ciudadano canadiense Antonio Carbone y representa el primer desafío de alto perfil para la actual procuradora Yeni Berenice Reynoso en la Procuraduria General de la República (PGR) en materia de garantías y seguridad jurídica.
Esta decisión pone fin a un prolongado proceso judicial que se extendió durante 10 años y 7 días, iniciado en 2015 por violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano.
En la parte querellante, Fernando Arturo Báez Guerrero y el Ministerio Público acusaban a Carbone por un supuesto intento de homicidio, violando pactos y tratados internacionales.
Según el inversionista canadiense, Báez Guerrero, un exempleado de sus 13 casinos realizó falsas acusaciones y hoy está como dueño de estos establecimientos sin haber hecho ninguna inversión económica.
El tribunal determinó que el plazo máximo de duración del proceso, establecido en 3 años según el artículo 148 del Código Procesal Penal, fue excedido de manera significativa, lo que constituyó una vulneración al derecho constitucional a un juicio oportuno.
La magistrada Yissell Soto Peña, en su redacción del fallo, subrayó: «El sistema de justicia falló en garantizar un proceso ágil. La duración excesiva afectó irreversiblemente el derecho a la tutela judicial efectiva del señor Carbone».
Entre los fundamentos clave de la decisión, el tribunal identificó dilaciones institucionales, incluyendo 11 fallos en el traslado del imputado desde su lugar de reclusión, designaciones irregulares de jueces y demoras excesivas en la resolución de recursos.
Asimismo, se señaló la responsabilidad de la Dirección General de Prisiones por no garantizar la presencia del acusado en múltiples audiencias programadas.
Es importante destacar que el proceso había sido previamente anulado por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia TC/0515/23, debido a irregularidades en la designación de uno de los jueces que conocían el caso, ya que fue una abogada aspirante a ese cargo quien dictó sentencia a Carbone, violando el juez natural y el debido proceso.
Lo que trajo como consecuencia que por primera vez en la historia de América Latina un extranjero es condenado a 20 años de cárcel por una abogada en un tribunal ilegal y arbitrario.
A este caso se le llama «El caso de la década» por comprobarse que durante 10 años se violaron los derechos fundamentales, constitucionales y todos los pactos y tratados internacionales, según la Sentencia 1920/03 de la Suprema Corte de Justicia.
La sentencia ordena el cese inmediato de todas las medidas de coerción contra Carbone, el archivo definitivo del expediente N° 063-15-01157 y establece que las costas procesales serán asumidas por el Estado dominicano.
El fallo fue avalado por los magistrados Claribel Nivar Arias (Presidenta), Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo, con la asistencia del secretario interino Rafael S. Alcántara A., y sienta un importante precedente para la aplicación estricta de los plazos procesales en el sistema judicial dominicano.
La sentencia fue entregada oficialmente el 28 de febrero de 2025 a los abogados de la defensa técnica, Luis Alberto Jiménez Burgos, Hotoniel Bonilla García y Roberto Rosario, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 335 del Código Procesal Penal dominicano.
¿Tras este fallo de sentencia definitiva del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional a favor de Antonio Carbone, qué hará la nueva procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, con la ejecución de la sentencia TC-0367-21, que ordena al Ministerio Público la entrega voluntaria de todos los bienes del inversionista extranjero con una inversión de $580 millones de dólares, donde se incluyen 13 casinos, centenas de bancas deportivas, miles de bancas de loterías y otros inmuebles?
La sentencia TC-0367-21 prohíbe la venta o transferencia de los bienes propiedad del patrimonio de la familia Carbone.
El reclamo de la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional representa el primer desafío de alto perfil para la actual administración de Yeni Berenice en la PGR en materia de garantías a inversionistas y seguridad jurídica.
¿Cumplirá la nueva magistrada con la ley de leyes?
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